“Un buen cigarrito no
mata a nadie” decía
una ex pareja mía a quien le gustaba fumarse al día una cajetilla (que por si
acaso no era Maytuco o Casino sino uno de esos caros que viene de afuera), por
qué traigo al presente ese recuerdo, pues simple, al ver a ambientalistas
fumatéricos hablando de defender el TIPNIS [el TIPNIS es un área natural
protegida situada geográficamente entre la provincias de Moxos en el
departamento del Beni y la del Chapare en Cochabamba y declarado parque natural
en 1965, además de ser territorio indígena. Cuenta con una extensión de
1.200.000 hectáreas, de las que un millón son Tierras Comunitarias de Origen
(TCO) donde viven unas 64 comunidades indígenas de yurakares, trinitarios,
mojeños y chimanes, aproximadamente unas 10 mil personas. Las otras doscientas
mil hectáreas se encuentran ocupadas por unas 20 mil familias de campesinos
colonizadores[1]],
en lo personal una contradicción existencial, hablar de defender el medio
ambiente con el cigarro en la boca.
Conflicto de intereses
Todo lo anterior parece plantear un conflicto de intereses.
Sin embargo, hace falta profundizar en el conflicto para ver donde colisionan
los diferentes intereses, y que hay detrás de ellos.
Por un lado, está demostrada la reivindicación histórica de
una carretera que una la amazonia beniana con el occidente del país vía
Cochabamba. Ya antes de la fundación de la Republica, se tiene constancia de al
menos cuatro expediciones entre 1765 y 1825 para encontrar una senda segura. La
primera de ellas en 1765 recorre Punata, Cliza, Locotal, Nueva Villa Tunari,
San Antonio, Todos Santos y Cesarzama, en Cochabamba, hasta llegar a Loreto y
San Ignacio de Moxos, en el Beni. Como el propio Evo Morales ha demostrado
documentalmente, en 1826 durante el gobierno del mariscal José Antonio de Sucre
se emitió una ley, una de las primeras de la República de Bolivia que acababa
de constituirse, para unir los dos departamentos vialmente[3].
Otro dato contundente es que la carretera facilitara el
desarrollo regional de Cochabamba y el Beni. Hasta ahora, los pequeños
comerciantes benianos que quieren llevar sus productos al occidente del país,
deben recorrer 848 kilómetros, pues deben dar todo un rodeo por Santa Cruz,
para poder llegar a Cochabamba. Con la carretera, la distancia entre San
Ignacio de Moxos y Villa Tunari pasara a ser de 306 kilómetros. El trayecto,
dadas las condiciones de una prácticamente inexistente red vial boliviana, se
verá acortado en al menos 20 horas en condiciones normales, pues en época de
lluvias muchas veces ni siquiera hay condiciones viales. Y lo mismo al revés,
pues la población beniana tiene que soportar altos precios en los víveres de
primera necesidad dado la dificultad de recibir los mismos, agravados
precisamente en épocas de lluvias con escasez o altos precios.
Pero es que además toda la producción beniana, mercado
agropecuario en su mayor parte, sale al resto de Bolivia vía Santa Cruz. Esto
significa que son los dueños de los mataderos cruceños los que imponen los
precios de la carne para todo el país. Beni es el primer productor de carne de
Bolivia, pero sin embargo es el tercer departamento más pobre. La carretera
significará romper el monopolio existente con Santa Cruz para varios productos
de primera necesidad, beneficiando a toda la población boliviana. Por lo tanto,
es en estos momentos la oligarquía cruceña la primera interesada desde un punto
de vista económico en que la carretera no sea construida.
Y junto a ella, varias ONGs ambientalistas. Son ya varias las
denuncias que se han hecho en torno a que muchas de estas ONG ambientalistas
reciben financiamiento de USAID, la agencia estadounidense para el desarrollo no
solo las denuncias ya presentadas contra FOBOMADE, sino también LIDEMA recibe
financiación del programa PL-480 de USAID. Sería bueno en cualquier caso que
todas las ONGs y plataformas implicadas en la defensa de los derechos indígenas
aclaren si reciben algún tipo de subvención o financiación por parte de
agencias del gobierno estadounidense.
Y si hablamos de este nuevo tipo de neocolonialismo imperialista,
no podemos dejar de mencionar el papel que juegan también algunos dirigentes
indígenas, que engañando a sus propias bases negocian con la embajada
estadounidense, como el gobierno boliviano ha denunciado con el extracto de las
llamadas de celular de varios de los dirigentes desde el mismo lugar de la
marcha, y la propia embajada ha reconocido posteriormente. Según la embajada,
porque mantiene permanente contacto con varios dirigentes y analistas para
conocer la realidad social y política del país. Desde la coherencia de una
izquierda en la que militamos, no podemos por menos que avergonzarnos de estas
relaciones tan peligrosas para el movimiento social y los pueblos indígenas de
Bolivia.
Igual de vergonzante que el presidente del Comité Cívico pro
Santa Cruz, Herland Vaca Díez, haya asegurado que los marchistas indígenas del
TIPNIS están reconocidos como miembros del Comité. Los que en 2008 alentaban el
saqueo y quema de instituciones, y el apaleamiento de nuestros hermanos y
hermanas indígenas en Sucre, ahora se han reconvertido en firmes defensores de
la Constitución y los derechos indígenas.
A todo lo anterior se le une el triste papel de algunos
intelectuales, anteriormente cercanos al gobierno, que desde la comodidad de
sus casas escriben en defensa del TIPNIS y los derechos indígenas. Aunque en
otros análisis lo trataremos más extensamente, no queremos dejar pasar en este
análisis el papel de la intelectualidad orgánica en Bolivia, claramente
inexistente, dejando vía libre a que intelectuales sin una organización ni
militancia orgánica detrás, hagan lecturas superficiales y alejadas de la
realidad, las luchas y los propios debates concretos al interior de las
organizaciones.
Autor: Harold G. Cruz Gonzales
